Boletín Informativo de

"Asesoría Jurídica Especializada"

Nueva Ley de Protección al Consumidor y al Usuario

El pasado 4 de mayo de 2004 fue publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 37.930, la Nueva Ley de Protección al Consumidor y al Usuario, ("la LPCU") que deroga y sustituye la anterior Ley del mismo nombre que fuera publicada en la Gaceta Oficial (Extraordinaria) Nº 4.898, de fecha 17 de mayo de 1995.

No es nuestra intención elaborar un análisis completo de la LPCU sino tan solo presentarles un breve resumen de algunas innovaciones que contempla la nueva Ley y que nos merecen un comentario especial, como se indica a continuación:

Sobre los precios y su necesaria indicación en moneda nacional

En lo que respecta al precio de los productos y servicios, los artículos 57 y 58 de la LPCU establecen que el monto del mismo deberá indicarse en moneda nacional, y estar expuesto a la vista del público (salvo que se trate de bienes o servicios que por sus características especiales el precio deba regularse de común acuerdo). Así mismo, los datos que contengan los productos o sus etiquetas, envases y empaques, así como la publicidad, información o anuncios relativos a la prestación de servicios, deberán expresarse en idioma castellano y en moneda nacional, y en unidades de medida correspondientes al sistema internacional de medida; sin embargo, la ley permite que el oferente pueda indicar, complementariamente, esos mismos datos en otro idioma, unidad monetaria o de medida.

Nulidad de estipulaciones en moneda extranjera en los contratos de adhesión

El artículo 87, numeral 7, de la LPCU, dispone que se considerarán nulas de pleno derecho las cláusulas o estipulaciones establecidas en contratos de adhesión que fijen el dólar de los Estados Unidos de América o cualquier otra moneda extranjera como medio de pago de obligaciones en el país, como mecanismo para eludir, burlar o menoscabar la aplicación de las leyes reguladoras del arrendamiento de inmuebles y demás leyes dictadas en resguardo del bien público o del interés social. En estos casos, señala la norma mencionada que se debe efectuar la conversión de la moneda extranjera al valor en bolívares, de conformidad con el valor de cambio vigente para la fecha de suscripción del contrato.

Cabe destacar que de acuerdo con el artículo 81 de la misma LPCU, se considera contrato de adhesión aquel cuyas cláusulas han sido aprobadas por la autoridad competente o establecidas unilateralmente por el proveedor de bienes o servicios, sin que el consumidor pueda discutir o modificar substancialmente su contenido al momento de contratar.

Estas disposiciones que comentamos plantean una excepción a las normas contenidas en los artículos 115 al 118 de la Ley del Banco Central de Venezuela ("Ley del BCV"), que regulan y permiten la posibilidad de emplear una moneda extranjera como moneda de cuenta, esto es, para determinar el monto de una obligación pactada en un contrato, o como moneda de pago, o sea, como el medio a través del cual las partes acuerdan que la obligación será satisfecha para que tenga efectos liberatorios. En particular, la posibilidad de emplear una moneda extranjera para establecer el monto de una obligación o el medio para pagarla, está contemplada en el artículo 115 de la Ley del BCV. Pues bien, de acuerdo a lo establecido en la nueva LPCU estas disposiciones de la Ley del BCV no tendrán aplicación cuando se trate de contratos de adhesión, porque en tales casos sería nula cualquier estipulación en moneda extranjera, y lo mismo ocurrirá cuando se trate de contratos para el arrendamiento de inmuebles, con lo cual se plantea también otra excepción a lo dispuesto en el artículo 17, parágrafo segundo, de la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios, que contemplaba la posibilidad de que las partes contratantes pudieran pactar el pago del arrendamiento en moneda extranjera, considerándose liberada la obligación al acreditarse el pago en su equivalente en moneda nacional.

Protección en el comercio electrónico

Los artículos 31 al 43 de la nueva LPCU son dedicados al desarrollo de una materia por demás novedosa: los derechos de consumidores y usuarios y los deberes de los proveedores de bienes y servicios dedicados al comercio electrónico, haciendo especial énfasis en el deber que tienen los proveedores de tales bienes y servicios de respetar, resguardar y garantizar el derecho a la privacidad y confidencialidad de los consumidores y usuarios en el comercio bajo la modalidad electrónica, así como en la claridad, precisión y accesibilidad que debe exhibir toda la información generada a tales fines. Según la LPCU, se entiende por comercio electrónico cualquier forma de negocio, transacciones comerciales o intercambio de información con fines comerciales, que sea ejecutada a través del uso de tecnologías de información y comunicación.

Entre las disposiciones más relevantes que en esta materia contempla la LPCU, cabe resaltar entre otras: (i) el derecho del consumidor o usuario a que se le provea de procedimientos que le faciliten escoger entre recibir o no los mensajes comerciales electrónicos no solicitados; (ii) la capacidad del consumidor para verificar con precisión antes de concluir una compra, los bienes o servicios que desea adquirir, identificar y corregir cualquier error en la orden de compra o incluso de cancelar la transacción; (iii) el derecho de los consumidores y usuarios a que se les proporcionen medios de pago confiables y seguros; (iv) el deber de los proveedores de reconocer los pagos por las compras efectuadas a través del comercio electrónico, mediante facturas u otras "expresiones" enviadas al consumidor para su control, así como el deber de mantener un registro electrónico o de otro tipo de tales pagos; (v) el deber del proveedor de especificar claramente la garantía que cubrirá la relación que surja entre él y los consumidores y usuarios, etc., etc.